Por el contrario, si en verdad se desea que el sector empresarial tome un papel más fuerte en el combate de la corrupción, lo que debe reformarse es la Ley de Adquisiciones y de Obra Pública, pues el esquema de presentar la declaración fiscal, patrimonial y de intereses para este grupo da una “sensación de venganza”, aseguró Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Consideró que en casos en los que pudiera existir conflicto de interés entre la relación empresa y gobierno “ahí el hilo conductor va a empezar en la declaración de intereses del servidor público”.
Mencionó que, al menos de su conocimiento, no existe una dinámica a nivel mundial similar a la aprobada para las declaraciones de particulares y, por tanto, si se trata de innovar, solicitó que al menos se determinen las justificaciones para proceder de dicho modo.
Si el afán no es vengarse, si el afán es construir sistemas de integridad, el meollo están en esas legislaciones (Adquisiciones y Obra Pública) más que en el 3de3 del sector privado”, manifestó.
Si somos el primer país en implementar una mala idea, no me parece algo de lo que nos debamos orgullecer; si somos el primer país habrá que preguntarnos ¿por qué nadie más lo ha hecho? Las declaraciones de intereses y patrimoniales de los servidores públicos son una regla casi generalizada en la enorme mayoría de las democracias avanzadas del mundo y jóvenes de América Latina”, dijo.
Recordó que, actualmente, los empresarios entregan, como contribuyentes cautivos, la declaración fiscal para cumplir con las leyes tributarias. Además, el SAT tiene la evolución patrimonial de todos, en función de la información de ingresos que entregan año con año.
La mejor salida para resolver el problema de la corrupción es la interacción entre las autoridades y el sector privado”, mencionó.
Por su parte, Marcos Fernández, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, afirmó que en el mundo no existe quién aplique un mecanismo igual al aprobado para obligar a los particulares a hacer públicas sus declaraciones.
El único país en donde uno puede ver los impuestos de todos y los patrimonios de todos, públicos y privados, es Noruega, pero no ocurre, como sí quieren que pase en el caso mexicano, que lo público de los servidores no exista, prácticamente se quede opaco”, argumentó.
Critican PAN y PRD veto; fue insuficiente, acusan
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados lamentó que el Presidente solamente vetara el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y no aprovechara la oportunidad de corregir también el artículo 29, para dar máxima publicidad a las declaraciones de la ley 3de3.
El coordinador de Acción Nacional en San Lázaro, Marko Cortés, dijo que con esa decisión el Ejecutivo le dio la espalda a más de medio millón de ciudadanos que exigieron total apertura en las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.
En tanto, el dirigente nacional del PRD, Agustín Basave, expresó que el veto a la llamada ley 3de3 “llega tarde y es insuficiente”.
Es claro que “la presión del sector empresarial surtió efecto” en el jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a pesar de que éste y el PRI habían convenido vincular a los empresarios en el tema de la rendición de cuentas cuando recibieran dinero público
En contraste, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, celebró la decisión del Presidente de revisar algunos artículos de la ley 3de3, para que sean corregidos.
Senado alista ya periodo extra
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República citará el miércoles próximo a sus integrantes para acordar la fecha que propondrán a la Comisión Permanente a fin de celebrar el próximo periodo extraordinario y llevar a cabo la corrección a la llamada ley 3de3.
En dicho periodo se revisarán las observaciones que el jefe del Ejecutivo hizo a la Ley de Responsabilidades Administrativas en sus artículos 3 fracción VIII, 4 fracción III, 27 tercer párrafo, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81.
El presidente de la Jucopo, Emilio Gamboa, destacó la voluntad de la Cámara alta para corregir la ley, la cual obligaba, además de personas físicas y morales, a becarios y beneficiarios de programas sociales, a presentar declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.
Ayer, el Senado informó de la recepción del documento en el que el Presidente argumenta que la obligación para que los particulares presenten estas declaraciones “constituye una intromisión indebida en la esfera jurídica de las personas físicas y morales”.
Ejecutivo: la ley violaba privacidad
Humberto Castillejos, consejero Jurídico del Ejecutivo federal, afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto vetó el artículo 32 incisos b y c de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por considerar que “hacía inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción y porque violaba la vida privada y datos personales de las personas”.
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